1. Como arquitectos y ciudadanos compartimos la necesidad de una Ley de Servicios
Profesionales, pero NO esta Ley, y NO contra la Arquitectura.
2. La iniciativa de reforma supondría el incumplimiento de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, donde se define como necesaria “la adquisición de conocimientos técnicos y de historia de la arquitectura, artes, ciencias humanas y conocimientos de las bellas artes (art. 46)”
3. La propuesta de reforma no es viable en el orden legal del sistema universitario español de títulos oficiales que establece una correlación entre atribuciones profesionales y planes de estudio (RD 1393/2007).
4. Se pretende una Modificación de la LOE (Ley 38/1999) sin que exista demanda de la sociedad, una ley que se tardó en consensuar 18 años, y firmada por todos los agentes participantes, introduciendo una quiebra en el sistema de garantías actual en cuanto a calidad, seguridad y responsabilidad en la edificación.
5. En el estado actual de la profesión de Arquitecto, con más de un 80% de caída de la actividad, un 60% de paro y un alto nivel de subempleo, no es razonable pensar en un ahorro de costes por mayor competencia.
6. Los sobrecostes en el sector de la edificación no se producen en los servicios profesionales que representan un 2% del presupuesto. Sin embargo, miles de millones de euros se pierden anualmente por ineficiencias en la tramitación administrativa de permisos de edificación, en la contratación pública de obras y en la mala ejecución de la edificación por falta de agentes especializados en su producción.
7. La Colegiación obligatoria, base de los Colegios Profesionales, es la mejor herramienta de protección para la Sociedad frente al intrusismo y las malas prácticas profesionales mediante la deontología. Asimismo, los Colegios son imprescindibles colaboradores de la administración.
8. No concebimos para nuestras ciudades un panorama urbanístico tan desolador como el de los Polígonos Industriales.
9. La Arquitectura no es solo construir, es un bien cultural y patrimonial.
10. Esta LSP es una propuesta inviable legalmente, manifiestamente inoportuna y gravemente perjudicial para la arquitectura española y la “marca España”.
